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TELECOMUNICACIONES
Por la pol�mica de los receptores digitales
El Gobierno pagar� otros 700.000 euros a Sogecable.
El Gobierno debe pagar cerca de 700.000 euros a Sogecable por los
perjuicios a Canal Sat�lite Digital por la decisi�n del Gobierno del
PP de imponer como �nico terminal el de V�a Digital.
Prensa
 El
Consejo de Ministros autoriz� la aplicaci�n del Fondo de
Contingencia por un importe de 682.143 euros para dar cumplimiento
al auto del Tribunal Supremo, de noviembre de 2004, sobre el abono
de intereses legales a Canal Sat�lite Digital (CSD) y la concesi�n
de un cr�dito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio por el importe y para la finalidad
indicada.
El importe tiene como origen una reclamaci�n de indemnizaci�n por
responsabilidad patrimonial del Estado, que dicha empresa formul�
ante el Consejo de Ministros, derivada de la aprobaci�n de
determinadas disposiciones legales contrarias al Derecho comunitario
europeo: el Gobierno del PP impon�a la utilizaci�n de un solo
receptor-descodificador, el de V�a Digital, en lugar del que
utilizaba Canal Sat�lite Digital. Esto implic� que no se
comercializase este �ltimo terminal durante un per�odo de tiempo y
cuyo perjuicio econ�mico cuantific� el Tribunal Supremo con
posterioridad.
El Consejo de Ministros, en Acuerdo de 18 de diciembre de 1998,
desestim� dicha reclamaci�n, pero el Tribunal Supremo, el 12 de
junio de 2003, dict� sentencia, estimando, en parte, el recurso
interpuesto contra el citado Acuerdo, y conden� a la Administraci�n
a abonar a CSD 26.445.280 euros (que fueron abonados en enero de
2004) como reparaci�n de los da�os causados durante la vigencia de
dicha legislaci�n, entre el primero de febrero y el 15 de septiembre
de 1997.
CSD, por su parte, recurri� la sentencia y present� ante la
Administraci�n la reclamaci�n de abono de determinadas cantidades en
concepto de intereses legales y actualizaci�n de indemnizaci�n. El
Consejo de Ministros de 30 de julio de 2004 rechaz� esta reclamaci�n
por entender que se trataba de un asunto que deb�a sustanciarse por
los tr�mites de la ejecuci�n de sentencia. Finalmente el Tribunal
Supremo fij� los intereses en 682.143 euros.
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